El lehendakari Iñigo Urkullu ha publicado un artículo en las redes sociales recordando que el 4 de enero, se cumple el 80 aniversario de la muerte de 224 presos del bando franquista que se encontraban en cárceles de Bilbo.

Cuando se formó el primer Gobierno Vasco en octubre de 1936, una de las primeras medidas que adoptó fue el traslado de los presos franquistas que se hacinaban en los barcos prisión anclados en la ría de Bilbo a diferentes edificios habilitados como cárceles en la misma ciudad.

Sin embargo, el 4 de enero de 1937 la aviación franquista bombardeó Bilbo y causó varios muertos. Cuando cesó el ataque, a primeras horas de la tarde, se formó una manifestación espontánea con milicianos de distintas ideologías que portaban el cadáver de un aviador alemán que saltó en paracaídas al ser derribado su aparato.

Aunque algunos consejeros del incipiente Gobierno Vasco pidieron a los manifestantes que se disolvieran, numerosos manifestantes decidieron marchar hacia las cárceles de Larrínaga, Carmelo, los Ángeles Custodios y Casa Galera, que fueron finalmente asaltadas a las cinco de la tarde, dando muerte a 224 personas.

Urkullu recuerda que murieron 109 personas en el colegio-convento de los Ángeles Custodios, 55 en la cárcel de Larrínaga, 53 en la casa Galera y 7 en el Carmelo de Begoña, «en un día dramático para un Gobierno puesto en marcha solo tres meses antes».

Según destaca, el propio lehendakari Agirre reconoció públicamente el dolor que estos hechos le produjeron y asumió su responsabilidad personal y la del Gobierno Vasco.

Al cumplirse ahora 80 años de la creación de ese primer Ejecutivo vasco, Iñigo Urkullu ha admitido que ese Gobierno tuvo luces y «sombras» como las de aquel «trágico día» en el que, como dijo José Antonio Agirre, «los resortes del mando fallaron».

El actual lehendakari ha calificado de «injusticia» la muerte que sufrieron esas 224 personas y ha mostrado su «solidaridad por el sufrimiento injusto al que tuvieron que hacer frente». Asimismo, ha asumido «la autocrítica de las instituciones democráticas por aquellos hechos», además de reivindicar el «derecho a la verdad y la memoria» que les corresponde.