La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado la impugnación de dos acuerdos del Ayuntamiento de Bilbo que permitieron la recalificación de un patio de la ikastola Urretxindorra para levantar un edificio donde se ha ubicado el supermercado de Mercadona en el barrio de Miribilla.

El fallo reprocha al consistorio que modificara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) haciendo «urbanismo a la carta, para satisfacer los intereses privados».

La ikastola Urretxindorra vendió parte de la parcela que ocupaban sus patios de recreo en ese barrio con el objetivo de poder financiar una ampliación de sus instalaciones. Ese terreno fue recalificado por el Ayuntamiento para posibilitar la construcción de un edificio que ahora alberga un Mercadona.

El centro comercial abrió sus puertas en noviembre de 2016, con unos 2.510 metros cuadrados de supermercado a pie de calle y la misma superficie de aparcamiento subterráneo.

Ahora el TSJPV ha atendido la demanda formulada por una sociedad propietaria de otro centro comercial que ya existía en el barrio contra dos acuerdos del Ayuntamiento de Bilbao de 2014 que tuvieron como objetivo recalificar el terreno del patio del centro escolar para posibilitar edificar en él, con lo que, según el tribunal, se permitió «una operación meramente especulativa».

En declaraciones a los medios, Aburto ha comunicado que el Consistorio ha presentado un recurso de casación ante el Supremo, aunque hasta «aproximadamente antes del verano» el tribunal no se pronunciará sobre su admisión.

Hasta entonces, hay «un tiempo para analizar las consecuencias que la sentencia tenga en la planificación urbana de Bilbao y las posibilidades de maniobra» del Consistorio.

Ha precisado que el recurso del Ayuntamiento ha pasado el «primer filtro» para llegar al Supremo, no así los recursos presentados por la ikastola Urretxindorra y Mercadona, que «al parecer se han quedado fuera de la tramitación».

Aburto ha indicado que, si el recurso municipal fuera admitido a trámite, el Supremo tardaría un año aproximadamente en adoptar una resolución definitiva.

«Evidentemente, el Ayuntamiento no hizo un urbanismo a la carta», ha dicho el alcalde sobre las argumentaciones del TSJPV.

En cuanto a que una hipotética resolución final podría conducir al derribo del edificio, Aburto ha dicho que no quería «anticiparse» a este escenario y ha insistido en que los responsables municipales están «estudiando un cierto abanico de posibilidades» que se abren ahora.