El pleno municipal de Bilbo del próximo 29 de junio contará con una iniciativa presentada por la plataforma vecinal Autopista Errekaldetik Kanpora, en la que tratará de conseguir la máxima implicación del Ayuntamiento en la desaparición del tramo de la A-8 que circula por encima de Errekalde.

La petición pretende lograr el apoyo del consistorio bilbaino y, en especial, de su alcalde Juan Mari Aburto, para que se comprometa a liderar los trámites técnicos y administrativos necesarios «para cumplir, lo antes posible», la reivindicación del barrio y el compromiso adoptado en 2006 por la Diputación y el Ayuntamiento para su derribo en 2016.

La plataforma ciudadana pide el derribo urgente del viaducto que cruza por encima del barrio de Errekalde, incluido su parque infantil, y a escasa 
distancia de las viviendas.

La plataforma vecinal propone, además de un apoyo público expreso, «que el Consistorio bilbaino lidere, junto al colectivo Autopista Errekaldetik Kanpora y resto de agentes del barrio, los pasos técnicos y administrativos necesarios».

Asimismo, solicita «transmitir esta iniciativa, para su conocimiento y adhesión, a los grupos municipales, a las asociaciones vecinales del municipio, al Parlamento Vasco y, especialmente, a la Diputación Foral de Bizkaia, como institución directamente implicada en la desaparición del viaducto que atraviesa Errekalde».

Concentración ante el Ayuntamiento

Además de presentar esta iniciativa ante el pleno, la plataforma Autopista Errekaldetik Kanpora ha convocado  una concentración el mismo jueves 29 de junio, a las 19.00 horas, en las escaleras del Ayuntamiento, para mostrar su respaldo a esta petición, bajo el lema «La autopista se mueve, necesitamos tu apoyo».

Otras acciones realizadas por esta plataforma vecinal de Errekalde han sido la suelta de globos que han 
quedado atascados en los bajos de la autovía, «para simbolizar que sobre el barrio no hay cielo abierto»; la pegada de carteles reivindicativos; la presentación de un documento sobre los 50 años de conflicto con esta situación; la organización de charlas explicativas; reuniones con partidos políticos; e incluso la denuncia ante el Ararteko y la Comisión Europea, ambas admitidas a trámite.