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EH Bildu rechaza el «pelotazo urbanístico» con el palacio Olabarri en Campo Volantín

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbo, Aitziber Ibaibarriaga, ha calificado de «pelotazo urbanístico» el cambio de calificación del palacio Olabarri del Campo Volantín para que pase de ser un equipamiento público a un equipamiento privado.

El palacete de Olabarri situado en Campo Volantín. (Bilboko Udala)
El palacete de Olabarri situado en Campo Volantín. (Bilboko Udala)

El Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico de Bilbo se ha mostrado a favor del cambio de calificación del palacio Olabarri, en el Campo Volantín, sede de la Autoridad Portuaria de Bilbo, que pasaría a ser un «equipamiento privado» en vez de público, aunque mantendrá su singularidad arquitectónica.

EH Bildu ha votado en contra de una propuesta que ha contado con el apoyo de PNV, PSOE y PP. Para la coalición soberanista, el cambio de calificación es un «pelotazo urbanístico» que tendría como objetivo la ubicación de un hotel, según ha apuntado Aitziber Ibaibarriaga.

«Es inaceptable que el Estado pretenda dar un pelotazo urbanístico con esta operación. Pretenden deshacerse del palacio que la Autoridad Portuaria tiene en el Campo Volantín y para ello lo intentan compensar con unos terrenos situados en Olabeaga de dominio maritimo-terrestre, que ya son públicos de facto», ha denunciado en una nota de prensa.

EH Bildu considera que instalaciones como el palacio deberían mantener su caracter público. «Si el Estado no utiliza esas instalaciones que las ceda al Ayuntamiento para que se le pueda dar un uso público», ha señalado.

Ibaibarriaga ha puesto en duda la utilización por parte del Estado de unos terrenos marítimo terrestres situados en Olabeaga, terrenos públicos de facto, para compensar al Ayuntamiento por el exceso de aprovechamiento que se obtendrá de esta operación urbanística.

La edil de EH Bildu alerta de que al tratarse de un suelo de dominio público «pueden volver a manos del Estado en cuanto se apruebe la delimitación de la servidumbre maritima-terrestre».

En eate sentido, ha recordado un caso similar ocurrido en Altea, Alicante, en el que «quedó en evidencia que los dominios público terrestres marítimos no puden ser utilizados en este tipo de operaciones».