¿Cuál es el conflicto que mantienen con la constructora Panera y con el Ayuntamiento?

Mikel ARIZALETA.- En 1.961, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) proyectó y financió la autovía Solución Sur, que pasa por el barrio de Zurbaran y ocupa 5.000 metros cuadrados de la finca de Panera y socios. Estos terrenos fueron ocupados pero no expropiados, siendo el titular de esa parcela hasta 2016 Panera; hoy lo es Amenabar, otra constructora.

Fernando SANZ.- A la finca registral de la parcela de la autovía sin expropiar Panera le cambia los linderos y la corre a un solar, hoy propiedad de Amenabar, y así una finca registral sin edificabilidad, por ser vial, pasa a incrementar la edificabilidad que tenía la constructora. Es decir, utilizó 26.665 metros cuadrados cuando solo disponía de 16.014 de superficie edificable. Esto solo es el comienzo del saqueo de los derechos edificatorios, todo ello con la complicidad del Ayuntamiento, excepto con los alcaldes Robles y Gorordo.

¿Qué es lo que hicieron los alcaldes Robles y Gorordo?

M.A.- El BOE nº 212, de setiembre de 1991, recoge la sentencia del recurso gubernativo interpuesto gracias a los decretos de alcaldía, el primero del alcalde Robles y el segundo de Gorordo, contra la negativa del registrador de la propiedad de inscribir la certificación de dominio de los terrenos de la autovía por estar inscritos a nombre de Panera. En el hecho I del recurso gubernativo, el Ayuntamiento dice: «…que en la actualidad las fincas descritas, destinadas a viales, por tanto, bienes municipales de dominio y uso público, afectan a la finca registral número 30.486, proveniente de la 20.744, hoy inscrita a nombre de Construcciones Enrique Panera, Sociedad Limitada». Como vemos, en 1989, la finca 30.486 es reivindicada por el Ayuntamiento como la que soporta el terreno ocupado y no expropiado de los terrenos de Panera y socios para la parcela 55 de la autovía. La mencionada finca 30.486 está inventariada como propiedad municipal y Panera la ha vendido el año pasado a Amenabar. La actual Corporación municipal no ha dicho ni pío.

Entonces, ¿podemos considerar que este es el conflicto más antiguo que tiene Bilbo?

F.S.- Seguramente, es posible que lo sea de Euskal Herria. Se gestó en 1959 y en 1984 lo detectaron y denunciaron los vecinos de Zurbaran, y hoy sigue coleando gracias a la complicidad del Ayuntamiento.

¿A qué se refieren cuando dicen «que fue el comienzo del saqueo de los derechos edificatorios»?

F.S.- La constructora con los 16.014 metros cuadrados de superficie edificable que disponía, solo podía construir un volumen de 104.000 metros cúbicos y construyó 173.000, con lo que se pasó en 69.000. Traducido a viviendas supone que construyó 566 cuando el Plan Parcial solo le permitía 340, construyendo 226 más de lo permitido. El concejal Asier Abauza dijo en un pleno que esto es falso y que si fuera así sería un delito grave. La Asociación Gure Etxea justificó sus datos y este concejal del PNV no probó que fuera falso. Coincidimos con él en que el delito es grave, muy grave.

¿Por qué insisten en que el Ayuntamiento es cómplice en este asunto?

M.A.- Esta documentado que desde 1984 los vecinos vienen pidiendo al Ayuntamiento que registre la parcela de la autovía a su nombre. Solo los alcaldes Robles y Gorordo atendieron dicha reclamación, los demás se negaron, a pesar del perjuicio que suponía a los residentes del grupo Tomas Zubiria que Panera contase con el título de la autovía, que presentó en los litigios contra los vecinos dado que no tenía otro. La colaboración de la Junta de Gobierno PNV-PSOE con la constructora ha sido fundamental para que Panera, hoy Amenabar, haya conseguido tener vía libre para construir una torre de 19 alturas sin disponer de título ni de volumen edificatorio. Hay dos elementos de suma importancia, diríamos vitales, para constatar dicha colaboración: El título (finca registral) y volumen de edificabilidad, sin cualquiera de ellos hoy no existiría el proyecto del rascacielos. Nuestra petición de registro fue tratada en un pleno. Quien lea la moción propuesta, la contrapropuesta de PNV-PSOE aprobada, su vaciamiento, la frivolidad con la que fue desechada, la argumentación de unos y otros en el debate público recogido en acta, se dará cuenta de la categoría de los ediles del Gobierno municipal y del ninguneo hacia la oposición.

Es grave la acusación que lanzan al Gobierno municipal.

F.S.- La Junta de Gobierno ha cubierto, con efectividad por cierto, el flanco más débil de Panera, esto es, la carencia de título de propiedad. Solamente tenía un título (finca registral 30.486) que corresponde a la parcela 55 de la autovía, así que el Gobierno se ha negado a registrar esa parcela para que no le quitaran el único título que poseía Panera, llegando hasta el extremo de incumplir la Ley 33/2003 que desde 2003 le obligaba a registrar la autovía. Este título, que corresponde al Ayuntamiento, es el que empleó Panera para iniciar en 2011 el contencioso-administrativo contra el propio Consistorio por el que le pedía 18,7 millones de euros. Es decir, Panera fue a un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento con un título que correspondía al propio Ayuntamiento. De locos.

M.A.- Todos los informes de los técnicos municipales, absolutamente todos, dicen que Panera había agotado el volumen de edificabilidad. Por la sentencia del Supremo de 2015, que falló contra Panera, sabemos que por acuerdo firme de la Junta de Gobierno, de 16 de febrero de 2006, le había denegado la solicitud de inicio del expediente expropiatorio, precisamente por no tener volumen de edificabilidad y no haber interpuesto un contencioso-administrativo contra este acuerdo. Cuando Panera no tenía nada que hacer respecto a la volumetría, el Gobierno municipal, contradiciéndose, le recalifica el solar para que haga una torre de 19 alturas. ¡Menudo pelotazo!

¿Han recurrido a otras instituciones?

F.S.- Sí. Ha sido una carrera de obstáculos. Acudimos al Ararteko, a la registradora del Registro de la Propiedad nº 6, a Justicia, a la Diputación; expropiaciones y al diputado de Carreteras y a Fiscalía. En general, al cuestionar la actuación del Ayuntamiento, el recibimiento y acompañamiento fue malo, con argumentaciones que si iban por los cerros de Úbeda, impropios de estas instituciones.

¿Pueden matizar?

F.S..- El ex Ararteko Lamarka en las formas fue agradable pero la resolución que dictó no se tenía en pie, se limitó a ratificar y sustentar la postura del Ayuntamiento, utilizando en su argumentación una ley que estaba derogada, no instando al Ayuntamieto a aplicar la ley vigente, que obliga a registrar los bienes demaniales. El Ararteko Lezertua dio un vuelco al tema, al asegurar que «las administraciones públicas tienen la obligación de inscribir en el registro de la propiedad todos sus bienes, incluidos los demaniales” en virtud de la Ley 33-2003. El Ayuntamiento cambia de postura y dice en un informe al Ararteko que va a registrar la parcela 55 de la autovía. Acudimos al Registro de la Propiedad nº 6 en base a la mencionada ley, que dice que el registro debe instar a las instituciones públicas a registrar los terrenos públicos que no estén inmatriculados cuando tenga conocimiento de ello. Por escrito, quisimos poner en conocimiento de la registradora de la existencia de la parcela 55 de la autovía que estaba sin registrar para que instara al Ayuntamiento a registrarlo. Se negó, no sólo a recibirnos sino que también se negó a recoger los escritos. Como el Registro depende de Justicia, les remitimos el escrito que la registradora se había negado a recibir. Nos remitieron la respuesta que dio la registradora, que es digna de enmarcar. En la Diputación, nos presentamos en expropiaciones del Departamento de Carreteras para informarnos de los pasos a seguir para registrar la parcela 55 de la autovía. La jefa de sección, muy esquiva y distante, nos remitió al Ayuntamiento. Le dijimos que el Ayuntamiento no nos daba esa información y su respuesta fue remitirnos a un abogado particular. Le dijimos que tenía narices que nos mandara a un abogado particular cuando hasta 2010 la Diputación era la titular de la autovía y no había hecho nada a pesar que la ley le obligaba. Entonces, nos remitió al diputado de Carreteras para que le autorizase a ello. Cuando llegamos al diputado, ya le habían llamado y no nos recibió. Su secretaria tomó nota de lo que queríamos y que ya nos llamaría. Pasado un mes sin tener noticias, volvimos y otra vez la secretaria nos dijo que le hiciéramos un escrito. Le dijimos que para tomadura de pelo ya era suficiente.

¿También pusieron una denuncia ante la Fiscalía, no?

M.A.- La han rechazado. Consideramos que no se puede hacer un buen trabajo si las bases en las que se asienta son erróneas. En el caso que nos ocupa, la base de las decisiones a tomar son los hechos, si estos son erróneos el resultado no puede calificarse de satisfactorio. Estos errores ya se los hemos comunicado a la Fiscalía.

¿Cómo valoran todas sus gestiones?

M.A.- El caso pone de relieve la conducta de ciertos funcionarios, elegidos para sus cargos más por sumisión y acato que por valía y personalidad. De destacar es el señor Scheifler, subdirector de Patrimonio del Ayuntamiento, que emite a sabiendas informes con datos manifiestamente falsos. Hemos pedido su destitución por dar datos falsos al Ararteko, entre otros.

¿Cuál ha sido el quebranto económico para el Ayuntamiento?

F.S.- Si tomamos como referencia que por poco más de 3.000 metros cuadrados Panera pedía al Ayuntamiento 18,7 millones de euros; por 10.600 metros cuadrados, que sería el equivalente a los 69.000 metros cúbicos construidos de más, nos daría unos 54 millones. A esta cantidad habría que sumar los 18 millones en derechos edificatorios de la recalificación del solar de Panera que hizo el Ayuntamiento a pesar del fallo del Supremo, en 2015, en contra de la constructora. Por tanto, el perjuicio originado suma unos 72 millones de euros que, como diría Ibon Areso, hemos pagado a escote entre todos los bilbainos.

¿Cuál es la situación actual?

M.A.- El Ayuntamiento ha dicho en un informe al Ararteko que va a registrar el terreno de la parcela 55 de la autovía pero que lo harán ad calendas; es decir, que van a ir despacito. ¿Y por qué decimos esto? El informe del subdirector de Patrimonio, el señor Scheifler, dice que antes de regularizar la parcela 55 hay que analizar todas las de la autovía. El Gobierno municipal va a tratar de retrasar el registro hasta que Amenabar haya construido la torre, porque si lo hacen antes el proyecto del rascacielos se cae. Por lo expuesto, el Consistorio tiene que dictar una moratoria a la licencia de obras y a la transmisión de terreno público a Amenabar hasta que se haya realizado el registro de la parcela 55 de la autovía.

.¿Qué dice de todo esto Amenabar?

F.S.- Nada. Le hemos enviado dos emails informándole que el título de la finca, que ha comprado a Panera, no se corresponde con el terreno ya que ha habido un corrimiento de la finca registral. También le hemos informado que la finca registral 20.744, que contiene la parcela 55 de la autovía, está agotada y todas sus segregaciones han sido vendidas a particulares y que ninguna corresponde a dicha parcela.

M.A.- Desde enero, Amenabar no es un tercero de buena fe que no sabe nada. La asociación tiene motivos para sospechar que es muy cercano al PNV y que desde el Ayuntamiento le van a acompañar en la construcción de la torre. Hemos pedido que el Ayuntamiento decrete una moratoria en la concesión de la licencia y en la cesión, venta o permuta de terreno público con Amenabar hasta que sepa qué finca registral corresponde a la autovía. Nosotros sabemos que la finca de Panera 30.486 corresponde a la autovía.

¿En base a que piden una moratoria?

F.S.- Hay datos más que suficientes para constatar que el título del terreno que le vendió Panera a Amenabar, finca 30.486, no se corresponde con el solar de Panera, sino que corresponde al terreno de la autovía, y que el Ayuntamiento se ha comprometido con el Ararteko a regularizarlo.

M.A.- No solo pedimos una moratoria, también anular la recalificación del solar, en base al artículo 33 de la Ley Hipotecaria que dice «si se ha cometido falsedad en la confección del título (finca registral) la inscripción registral no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes”. Panera consiguió dicha recalificación en base a la presunta falsedad de su título público, finca 30.486. Si a ello le sumamos la sentencia del Supremo de 2015, que rechazó la expropiación que pedía Panera, consideramos imprescindible que se anule la recalificación.