PNV, PSE y PP han sumado sus votos para rechazar una enmienda transada entre EH Bildu y Podemos a una proposición no de ley original de la coalición soberanista en la que se censuraba la construcción de ese muro, se reclamaba una condena por parte del Parlamento de Gasteiz y se pedía a la Autoridad Portuaria de Bilbo que suspendiera su construcción.

La iniciativa de EH Bildu y Podemos también reclamaba que el Parlamento instara al Gobierno de Lakua a posicionarse en contra de ese muro.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha destacado que las personas que tratan de llegar a Gran Bretaña en los barcos que zarpan del Puerto de Bilbao tan solo aspiran a tener «una vida mejor».

Además, ha denunciado que la instalación de un muro traslada a la sociedad el mensaje de que todo aquel «que viene de fuera» es una amenaza, con lo que se «criminaliza» al conjunto de la población migrante.

Desde Podemos, Tinixara Guanche ha criticado -al igual que ha hecho EH Bildu- que se pretenda justificar el muro como una medida de «seguridad» y protección de las personas, cuando desde el mismo puerto de Bilbo se están embarcando armas que acaban empleándose contra la población de Yemen o de Siria.

Explicaciones de PNV, PSE y PP

El parlamentario del PSE Eneko Andueza ha sugerido que personalmente no es partidario de la construcción del muro y ha afirmado que «más que por que estemos en desacuerdo por el fondo» han votado en contra porque en el texto de ambas formaciones habla de «refugiados», en lugar de emplear el término de personas migrantes.

Desde el PNV, Joseba Zorrilla, ha pedido dejar a un lado la demagogia y ha recordado que la ley obliga a garantizar la seguridad de personas y mercancías en el interior del puerto y que la construcción de este muro no tiene nada que ver con la nacionalidad de las personas y los derechos humanos.

Por parte del PP, Antón Damborenea ha asegurado la mayoría de las personas que tratan de colarse en el ferri son albaneses y no refugiados.

Ha indicado que el único beneficiado de esta situación es el Gobierno inglés que multa con 2.000 euros a la compañía del ferri por cada polizón que encuentra.

El parlamentario del PP ha negado que esta sea una cuestión de derechos humanos y ha insistido en las personas que tratan de llegar a Gran Bretaña de forma irregular «tienen teléfono móvil y dinero para taxis», y que los británicos «no los quieren ni ver porque saben a qué se dedican».