Asier Abaunza ha comparecido esta semana en comisión a petición del los grupos municipales de Udalberri y Goazen Bilbao, que le solicitaban información acerca de la estimación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la impugnación de dos acuerdos del Ayuntamiento que permitieron la recalificación de un patio de la ikastola Urretxindorra para levantar un edificio donde se ha ubicado el supermercado de Mercadona en el barrio de Miribilla.

Según ha dicho, «en el peor de los escenario posibles para el Ayuntamiento y para la ikastola, la ejecución de la sentencia tal y como está ahora, no tiene porque conllevar el derribo de lo existente, lo que si sería es incompatible con la continuidad de la actividad comercial en la parcela», porque «lo que aquí se cuestionaba era la permisividad en cuanto a un uso complementario comercial dentro de la parcela equipamental, no en cuanto a la edificabilidad». Por ello, ha indicado que «la ejecución de la sentencia supondría que no podía continuar desarrollándose la actividad del supermercado en esa parcela».

En su comparecencia, Abaunza ha reconocido que la finalidad del expediente de la modificación de planeamiento era «financiar la ampliación» del centro y ha indicado que, en su dictamen, «la sala ha fundamentado la sentencia en dos argumentos: en primer lugar el carácter privado del centro escolar y la falta de acreditación de la demanda de plazas escolares», de forma, que «no se tiene en consideración el hecho de que la ikastola Urretxindorra es un centro escolar concertado, por lo tanto que forma parte de la red de enseñanza públicas complementando la oferta de los centros públicos, siendo además el principal referente de la oferta educativa en modelo D en esta zona».

A todo esto, ha señalado, «se suma el que tampoco se considera en la sentencia el hecho de haber sido declarada de interés público en mayo de 2001, y que siendo una cooperativa educativa sin ánimo de lucro está sujeta a la ley de cooperativas de Euskadi, a la normativa que imposibilita la enajenación de sus propiedades, ya que en caso de disolución de la misma, todos sus inmuebles pasan a ser propiedad del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, entidad pública destinada a la difusión y promoción del cooperativismo formada por el Gobierno vasco, las universidades del País Vasco y representantes de las cooperativas».

Abaunza ha subrayado que «no existe interés especulativo alguno al destinarse la infraestructura a la docencia y al revertir estos bienes a las instituciones públicas en caso de no continuar la actividad».

Además, ha señalado que «tampoco considera la sentencia la demanda escolar de la zona, ni el hecho de haber modificado el planeamiento con anterioridad para posibilitar el crecimiento de los centros educativos de Iruarteta y Pagasarribide, actuaciones todas ellas que estaban respondiendo a una demanda de las familias de Miribilla».

El edil responsable de Planificación Urbana ha reconocido que, «quizás por considerase algo tan evidente», no se hizo, por parte del Ayuntamiento, «el debido esfuerzo de justificación de la necesidad existente de nuevas plazas escolares en el expediente de modificación del planeamiento de la ikastola Urretxindorra», cuestión que «nos achaca el juez y que asumimos como autocrítica».

Abaunza ha recordado que el Ayuntamiento ha presentado «el correspondiente recurso de casación ante el tribunal Supremo, hemos pasado el primer filtro, y hacia el mes de mayo o junio, aproximadamente, sabremos si finalmente se admite a trámite».

Asimismo, ha precisado que «no es el Ayuntamiento el que promueve esta modificación», sino que el centro educativo, «ante sus necesidades y la demanda que existe en el barrio de plazas escolares, y ante la imposibilidad de hacer frente a la ampliación, nos plantea una alternativa que nos parece razonable». «El Ayuntamiento lo que hace es buscar una solución a una demanda que padres y madres, y centro escolar le presentan, y lo entendimos razonable», ha reiterado.

«Urbanismo a la carta»

Por su parte, la portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, ha señalado que el Ayuntamiento «reconoce que la finalidad de la modificación es financiar la ampliación de la ikastola», como «lo dice también la propia sentencia», y esto, ha denunciado, «es ilegal» porque, según recoge la sentencia, «la modificación no consiste en recalificar suelo para posibilitar la implantación o ampliación del centro o en posibilitar usos lucrativos compatibles con el equipamental para financiar la construcción ampliación de la ikastola».

«Han confundido el interés general del barrio, con el interés general de una entidad privada, aunque sea concertada», ha censurado, para acusar al Ayuntamiento de «instrumentalizar el planeamiento como medio de financiación a modo de urbanismo a la carta», y ha preguntado que si el recurso de casación no sale adelante, «qué tiene pensado hacer el Ayuntamiento» para hacer frente a las indemnizaciones que, en su caso, se soliciten.

Por otro lado, el portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou, ha preguntado, en caso de cese de actividad de Mercadona, «que indemnización podría pedir, dado que ha hecho una inversión de 5,2 millones de euros», a lo que Abaunza ha respondido que «lo que pudiera pedir Mercadona en compensación por daños y perjuicios es anticipar algo que todavía no se ha dado».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha dicho que este asunto «sí es urbanismo a la carta, pero no es un pelotazo urbanístico», y ha pedido «autocrítica» por parte del Ayuntamiento, porque «el urbanismo no vale para todo», mientras que el portavoz del PP, Luis Eguíluz, ha mostrado su preocupación ante las posibles compensaciones que, en caso de ejecución de la sentencia actual, se tengan que hacer frente.