Los hechos ocurrieron en setiembre de 2018 cuando Maguette Mbeugou, de 25 años, fue degollada presuntamente por su marido, Bara Ndiaye, delante de sus dos hijas de 2 y 4 años en su domicilio en la calle Ollerías Altas de Bilbo. Más tarde, el marido fue detenido por la Ertzaintza en la localidad guipuzcoana de Mutriku.

Tal y como se supo más tarde y como señala el auto de instrucción, en diciembre de 2017 la víctima había interpuesto una denuncia contra su marido en la cual relataba «una serie de episodios violentos y amenazas sucedidos en el interior de la vivienda familiar». Tras eso la mujer fue asistida por los servicios sociales.

Tras más de año y medio de instrucción por parte del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 2 de Bilbo, donde se han expuesto los hechos y las peticiones de penas por parte del Ministerio fiscal, la acusación particular, el Ayuntamiento de Bilbo y la Diputación de Bizkaia, se ha abierto la fase preparatoria para el juicio, que se desarrollará con jurado popular en la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Sin embargo, el inicio del juicio podría demorarse unos meses debido a la situación que viven los juzgados por el confinamiento decretado para frenar la pandemia del covid-19.

Peticiones de las acusaciones

La acusación particular, representada por la abogada Jone Goirizelaia, califica los hechos constitutivos de un delito de «asesinato», previsto y penado en el artículo 139, apartado 1º y 3º del Código Penal vigente, «es decir, cometido con alevosía y ensañamiento». Por ello pide para el acusado 25 años de prisión y privación del ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijas menores de edad y la prohibición de acercarse a ellas a menos de 500 metros por el periodo de duración de la condena, y de comunicarse con ellas por cualquier medio o procedimiento.

Además pide otros 8 años de prisión por el abandono de sus hijas, ya que «dejó solas a sus dos hijas con su madre fallecida, desatendiendo todas sus responsabilidades como padre y sin importarle lo que pudiera suceder a las menores». Pide también 3 años de prisión por el delito de maltrato habitual y una indemnización de más de un millón de euros a los familiares de la víctima.

El Ayuntamiento de Bilbo suma a las peticiones de la acusación particular otros 8 años de cárcel por lesiones mentales respecto a las menores (4 años por cada hija). El Ministerio fiscal pide también 25 años de cárcel por un delito de «asesinato» y una indemnización de 150.000 euros para cada hija.

La Diputación de Bizkaia, por su parte, pide 15 años de cárcel y la privación de tener contacto con sus hijas por un delito de «homicidio». También pide 8 años de prisión por el abandono de sus hijas, 3 años de cárcel por delito de maltrato habitual, así como unas indemnizaciones similares a las de la acusación particular.

La defensa del acusado ha mostrado su «disconformidad absoluta» con el relato de hechos formulado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones y ha calificación los hechos constitutivos de un delito de «homicidio», concurriendo los atenuantes de legítima defensa impropia del artículo 21.1 del Código Penal, el «miedo insuperable» del artículo 21.3 del mismo texto legal; y de colaboración con la Justicia.

Sin embargo la acusación particular señala que el informe forense descarta la legítima defensa.