Seis organizaciones feministas y por los derechos sociales han puesto en marcha una campaña para exigir responsabilidades y destituciones en los servicios públicos de vivienda Etxebide y de empleo Lanbide, ambos del Gobierno de Lakua, por «negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57%. e ignorar las recomendaciones al respecto emitidas por el Defensor del Pueblo-Ararteko».

El grupo La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, el colectivo Mujeres del Mundo-Babel, la organización Trabajadoras NO Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han unido para denunciar el caso y exigir que Lanbide, Etxebide y el conjunto del Gobierno de Lakua «defiendan los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista».

«A pesar de las campañas instituciones en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos de empleo Lanbide y de vivienda Etxebide no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en el último caso defendido por el Ararteko, se les niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales a pesar del peligro para la integridad de las víctimas», han señalado los colectivos, que lo han hecho con una concentración ante la sede del Gobierno de Lakua en Bilbo.

Según han explicado, la reclamación se produce precisamente después de que la institución del Ararteko haya emitido una resolución en la que reclama al Departamento de Vivienda que rectifique la decisión del delegado en Bizkaia de negar a la víctima de violencia machista la inscripción en el registro de Etxebide de solicitantes de vivienda protegida.

Dado que el Departamento de Vivienda le negó la inscripción en el registro de vivienda protegida, Lanbide reclamó a la mujer 3.803,33 euros porque el derecho a la prestación complementaria de vivienda (PCV) está condicionado a que la solicitante figurara en Etxebide. Vivienda además se ha ratificado pese a la petición expresa del Ararteko para que rectificara, según los colectivos sociales.

«Demostrar con hechos»

«Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias, revictimizan vergonzosa y desvergonzamente a una mujer protegida por la justicia porque ha sufrido violencia de género», explican los colectivos sociales.

Además, han pedido a las fuerzas políticas que exijan en el Parlamento de Gasteiz explicaciones y responsabilidades por este hecho.

Las seis agrupaciones han señalado que este caso «es la gota que colma el vaso» en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia la violencia de género. «No es un caso puntual. Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las mujeres maltratadas, y hasta la fecha nunca ha pasado nada y nadie toma decisiones políticas para frenar este despropósito».