Los colectivos antitaurinos explican que al Gobierno de Lakua, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbo les requieren información sobre las «subvenciones de cualquier tipo, ayudas públicas y/o convenios de colaboración otorgadas al Instituto benéfico Santa Casa de la Misericordia», gestora de la plaza de toros, en los años 2015, 2016, y 2017.

Solicitan expresamente «indicación de importes, objetivo o finalidad (de las subvenciones), y los justificantes remitidos por dicha entidad sobre la utilización y destino de las cantidades económicas recibidas».

Del departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbo requieren conocer el número de entradas y el importe económico destinado a la compra de dichas localidades para las corridas de toros celebradas en la Plaza de Toros de Bilbo durante los cuatro últimos años (de 2015 a 2018), así como saber «quiénes fueron los destinatarios de dichas entradas».

Al departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia le piden datos sobre «el importe declarado y abonado por los responsables de la Plaza de Toros de Bilbao, como consecuencia de sus obligaciones tributarias en el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA), en los últimos ejercicios fiscales correspondientes a los años 2015, 2016, y 2017».

Por último, de la Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Bilbo solicitan información sobre «el importe económico obtenido por recaudación en taquilla a consecuencia de los festejos taurinos celebrados en la Plaza de Toros de Bilbao en los últimos cuatro años, del 2015 a 2018».

También «el contenido del contrato firmado con la empresa DTS Distribuidora de Televisión S.L., y los pagos recibidos de esa empresa durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018», por los derechos de retransmisión de las corridas de toros celebradas en la plaza.

Inquieren por último, por «la razón por la cual se imputa como gasto de la plaza de toros, el pago de dichos derechos de televisión a ganaderos, toreros y subalternos».

El Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia espera que «las Administraciones Públicas interpeladas por esta organización, sean sensibles a la petición y que nuestras solicitudes sean respondidas en tiempo y forma, como corresponde a la sociedad democrática en la que vivimos».