Amaya Fernández ha asegurado en una rueda de prensa que «Bizkaia se ha convertido en objetivo prioritario de las mafias que trafican con menores y cobran entre 1.000 y 3.000 euros por trasladarles».

La representante del PP ha realizado estas declaraciones tras asegurar que su partido ha mantenido contactos con trabajadores de los centros de menores en Bizkaia y agentes de la Policía española y Ertzaintza.

Sin considerar en ningún momento que los menores son personas con derechos, se ha limitado a hablar de números. Según ha dicho, en el último año, Bizkaia ha gestionado la recepción de 938 menores extranjeros no acompañados, frente a los 204 de Aragón, los 100 de Cantabria o los siete de La Rioja.

La dirigente del PP ha afirmado que el «principal motivo» de estas diferencias son «los crecientes recursos» que la Diputación destina a atender a menores extranjeros, con «partidas millonarias» que ascienden a 22 millones, frente a los 2 de Cantabria.

Amaya Fernández ha propuesto cerrar 27 de los 60 centros de menores que actualmente existen ya que «con 33 son suficientes para atender a los menores de Bizkaia y a los 100 Menas (menores extranjeros no acompañados)» que «es la cuota de solidaridad que podemos permitirnos los vizcainos».