Para facilitar la comunicación entre residentes y sus familiares en «este escenario extraordinario», el Departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia ha aprobado una línea de subvenciones de 160.400 euros para financiar la adquisición de tabletas electrónicas por parte de los centros residenciales.

Estos equipos permitirán la conexión por videollamada entre los familiares y conocidos y las personas que viven en centros residenciales de personas en situación de dependencia o discapacidad, bien tengan plaza pública o privada.

Se subvencionará la adquisición de una tableta electrónica por cada 25 personas usuarias en cada residencia, con el mínimo de una tableta por residencia. La subvención alcanzará al 80% del precio de adquisición de las tabletas, con los límites de 400 euros por tableta y 4.000 euros por centro.

Según ha informado la Diputación vizcaina, se ha remitido una instrucción a los centros residenciales en la que se subraya, «siempre dentro del marco de la suspensión generalizada de visitas, la obligación de garantizar el derecho a la comunicación de las personas usuarias y, también, el derecho de las familias a obtener la información que en cada momento resulte de interés».

Los responsables forales han advertido de que la limitación o suspensión de las visitas a consecuencia del estado de alarma decretado por la propagación del Covid-19 «puede tener un importante impacto en el bienestar emocional, físico y social de las personas usuarias y también de las familias».

Por ello, han subrayado que «el aislamiento físico no puede justificar, en ningún caso, el incumplimiento del derecho que tienen las personas a comunicarse con el exterior y sus familias». Según ha agregado, es «esencial» que los centros residenciales garanticen las visitas «en las excepciones establecidas» y, para los casos de suspensión, que «activen mecanismos de comunicación por medios distintos a los presenciales».

Para ello, la institución foral recomienda llamadas de profesionales a las familias cada 48 horas y el uso de videoconferencias u otros sistemas de interacción directa con las personas usuarias, salvo causa justificada, al menos cada cinco días.