UGT ha explicado que, con esa sentencia de fecha 30 de abril, el TSJPV declara nula una anterior resolución del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbo que «rechazaba que la actuación empresarial conculcara dicho deber».

Por contra, el TSJPV ha entendido que «la coexistencia de dos categorías distintas en el mismo nivel salarial, con distintos salarios, es una práctica aparentemente neutra que constituye una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que el más desfavorecido está integrado mayoritariamente por mujeres y el otro totalmente por hombres; y ello conlleva la estimación de los motivos del recurso y de la demanda de UGT».

Con este fallo se acredita en su sentencia, que dicha discriminación se produce por razón de género, afectando al colectivo de administrativos, integrado mayoritariamente por mujeres, por lo que «deben equipararse sus retribuciones a las del colectivo de mantenimiento, íntegramente masculino, y con el que ya compartían nivel profesional, antes del 2010».

UGT ha criticado haber tenido que defender «en solitario» los derechos del colectivo de administrativos, 9 mujeres de 11 personas, ante «la intransigencia» de la dirección y presidencia de la empresa.

El sindicato ha apelado «a la responsabilidad del equipo de Gobierno municipal» para que acate y cumpla de manera inmediata la sentencia judicial, le ha pedido que renuncie a un posible recurso «que tan sólo lograría prolongar la discriminación que supone un trato degradante» hacia las trabajadoras.