El presidente de la asociación de jubilados de Bilbo, José Antonio Perera, ha transmitido durante su intervención en la movilización de este lunes que «se va a intentar seguir» con las protestas durante el verano pero que, si al final, «hay que darles un respiro a los hijos para cuidar a los nietos, habrá que hacerlo» y «aquellos que por razones diversas, marchen fuera, convocarles para el primer lunes de fiestas de Bilbo, cuando tenemos una cita para luego retomar a primeros de setiembre con mayor fuerza las reivindicaciones».

Desde el movimiento de pensionistas han anunciado que siguen a la espera de la confirmación del encuentro con la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que les ha comunicado que, una vez ultime su equipo, tiene intención de reunirse con los representantes de la plataforma del conjunto del Estado «como muy tarde en el mes de octubre».

Como balance de las 26 concentraciones realizadas durante todos los lunes de los últimos cinco meses, Perera ha calificado de «positivo» haber conseguido que «les tiemblen las piernas a los de Sabin Etxea y a los del PP, que ya son historia».

De cara a una posible negociación con la nueva ministra, Perera prevé una negociación «larga pero seria» y que espera sirva para «finiquitar el asunto» en torno a las principales reivindicaciones del movimiento: revitalización de las pensiones de acuerdo al IPC; materialización del acuerdo ya suscrito sobre pensiones de viudedad; pensión mínima de 1.080 euros y salario mínimo de 1.200 euros, así como la derogación del factor de sostenibilidad y de las reformas que afectan a las pensiones y al mundo laboral.

Firmas por la RGI

Entre gritos de «esta batalla la vamos a ganar», «gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden» o «que nos den los atrasos» la concentración ha contado por primera vez en estos cinco meses con la instalación de una mesa para la recogida de firmas de cara a la modificación de los requisitos para poder acceder al cobro de la RGI en la CAV.

La iniciativa legislativa popular, impulsada por la denominada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, plantea la modificación de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y de la Ley 3/2005 de Vivienda para que contemple, entre otras cuestiones, la bajada de la edad exigida para acceder a la RGI de los 23 a los 18 años y de la exigencia de empadronamiento mínimo de tres a un año.

Asimismo, reclama el incremento de la cuantía de la RGI suficiente para complementar los bajos salarios y pensiones y el derecho a percibirla por cada una de las unidades convivenciales sin limitar su número por residir en un mismo hogar.